El Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa avanzan  en un acuerdo con el gobierno nacional para incorporar las cooperativas de la economía popular a obras públicas de baja complejidad -de hasta 300 millones de pesos-, y en la construcción de viviendas. Así lo conversaron con el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, en una reunión en la que el ministro de Economía dió su aval, aseguran las organizaciones , a algunos de sus pedidos.

En el encuentro que se realizó en la Casa Rosada estuvieron el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y los referentes del llamado triunvirato de San Cayetano, Daniel Menéndez, Gildo Onorato, Juan Carlos Alderete y Esteban “Gringo” Castro. Durante una hora, hablaron con Fernández y Massa de los temas que el gobierno tiene pendientes de la agenda comprometida con el sector. «Quien más intervino fue el ministro. Dijo que ‘vamos a avanzar rápido'», citó uno de los concurrentes.

Lo cierto es que estas tres organizaciones -el Evita y Somos de Pie son las que más apoyo dieron a  la gestión del Presidente- vienen muy abajo en el balance de su relación con la Casa Rosada. Los proyectos para la formalización de los trabajadores de la economía popular, de compre estatal para sus emprendimientos, de reconocimiento a los trabajos de cuidado y sociocomunitarios se estancaron -incluso aunque fueron trabajados dentro de varios ministerios o formulados como proyectos de ley-; primero por la pandemia, y más tarde sin argumentos.

Quedaron trabados en el Congreso, por ejemplo, la creación de una categoría de monotributo productivo y social para los trabajadores de la economía popular puedan comenzar un proceso de formalización de manera gratuita, al menos por los dos primeros años. Y en Desarrollo Social un proyecto de ley para facilitar la compra estatal a las cooperativas.

Con Massa hablaron de la posibilidad de aumentar los fondos destinados a herramientas e insumos para la producción. Este punto incluyó la cuestión de redirigir el dinero de los planes Potenciar que sean dados de baja con las auditorías a los proyectos que, estando activos, carecen de medios para avanzar.

Políticas de ingreso o de producción

 

Massa tiene pendiente, por otra parte, la creación de un bono para las personas en situación de indigencia que no perciben ningún tipo de ayuda estatal. Se trata de un refuerzo de ingresos que va a ser pagado, ya que el compromiso quedó escrito en el decreto de necesidad y urgencia que formalizó el dólar soja. Sin embargo, el ministro de Economía se demora en su implementación. La dilación es todo un gesto hacia las organizaciones sociales kirchneristas, que ayer no estuvieron en la Casa Rosada.

“El bono para la indigencia es indispensable. Todos en la UTEP estamos de acuerdo es que tiene que salir y de manera urgente, pero hay una agenda vinculada a la producción de la economía popular que es la que puede generar trabajo. La pandemia construyó un esquema de estado muy asentado en el subsidio y lo que estamos planteando es que las políticas sociales se enfoquen a lo productivo”, dijo a Página/12 Daniel Menéndez sobre este debate.

Algo parecido apuntó otro de los asistentes a la reunión, Gildo Onorato: “Es necesario reducir la política de subsidios y poner el eje en el trabajo, porque hemos pasado de 5 por ciento de PBI en inversión social a 13% y no se reduce ni la pobreza, ni la indigencia y mucho menos se potencian las experiencias productivas”, comentó sobre qué plantearon en la reunión.

El decreto con los anuncios sobre obra publica, monotributo productivo y refuerzo a los emprendimientos productivos saldría la semana próxima, junto con la convocatoria al Consejo de la Economía Popular, un organismo previsto en la ley de Emergencia Social de 2016 que no llegó a institucionalizarse. De la primera reunión del Consejo participarían, junto a dirigentes de la UTEP los ministros de Economía, Desarrollo Social y Trabajo. La intención es que ese espacio sea el que pase a impulsar las políticas para el sector.