Con 37 votos a favor y 31 en contra, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, mediante el dinero fugado al exterior de manera irregular. La iniciativa del Frente de Todos no contó con apoyo opositor y ahora fue girada a la Cámara de Diputados, donde será mucho más dificultoso su tratamiento dada la paridad de fuerzas entre los bloques.

La sesión comenzó pasadas las 14, encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, debido a que la titular de la Cámara, Cristina Kirchner, se encuentra al frente del Poder Ejecutivo a raíz del viaje oficial del presidente Alberto Fernández a Europa.

El autor del proyecto, el senador del FdT Oscar Parrilli, destacó la unidad del oficialismo respecto de la idea de que el FMI «no debe gobernar» Argentina. En cambio, consideró que algunos no apoyan la propuesta porque «tienen dudas» y otros «simplemente porque apoyan a los evasores». «Es cierto que tuvimos algunas diferencias pero en lo que estamos todos de acuerdo, hasta el último militante, en el Frente de Todos, es que no queremos que nos gobierne el Fondo», expresó el senador neuquino y aseguró que el objetivo principal «es sacarse de encima al FMI».

Qué dice el proyecto

El proyecto presentado por el senador neuquino Oscar Parrilli para crear un Fondo Nacional para pagar la deuda con el FMI apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20 por ciento de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados ante la AFIP, porción que deberá ser abonada en dólares. En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subiría del 20 al 35 por ciento, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.

El proyecto prevé la creación de la figura del «colaborador», que será «cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos». El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a 500 mil dólares en concepto de activos no declarados. El colaborador recibirá una recompensa del 30 por ciento del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Los argumentos

«Queremos evitar que los compromisos internacionales de pago incidan en las condiciones de vida de las personas trabajadores y productoras que ya han sido duramente castigadas por la crisis economía generada por el gobierno anterior y por la pandemia», afirmó el miembro informante del oficialismo, Daniel Pablo Bensusán.

El también oficialista Ricardo Guerra subrayó que «el proyecto en tratamiento aborda uno de los problemas estructurales más serios que soporta nuestra economía». «Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de los cuales 340 mil millones son fruto de evasión de impuestos», enfatizó el riojano.

Los referentes de Juntos por el Cambio en el Senado expresaron su rechazo a la iniciativa. El jefe de los senadores radicales, Luis Naidenoff, manifestó que el proyecto terminará «durmiendo en algún cajón de la Cámara de Diputados». Naidenoff le reclamó al oficialismo «empiece a gobernar» y lo acusó de «estar entrampado en su propia interna» y de no tener «ningún logro» para exhibir desde que asumió en 2019.

El jefe del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, consideró por su parte que se trata de «un blanqueo porque perdona impuestos de gente que no pagó impuestos» y coincidió con Naidenoff al señalar que «el Gobierno debe empezar a gobernar». Su compañero de bancada, el también radical Martín Lousteau, argumentó el rechazo de JxC a la iniciativa al sostener que «se trata de un blanqueo encubierto». «Esto es como premiar con un blanqueo a los que no pagaron. Los están volviendo a beneficiar, hay que ir a buscarlos, es una burla a todos los que cumplimos», añadió, y aseguró que la norma «va en contra del acuerdo firmado con el FMI».

En respuesta a esos planteos se pronunció la jefa de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tulio. Dijo que el proyecto busca castigar «la avaricia» y significa «una herramienta más» para las autoridades. «No la careteemos, esto no es un blanqueo, no es voluntario, es compulsivo», aseguró y afirmó que quienes se enriquecieron llevando su dinero al exterior «son ladrones».