La responsabilidad es del Estado en un “crimen de masas y por lo tanto es imprescriptible”, señaló Raúl Eugenio Zaffaroni, en una nueva audiencia del Juicio por la Verdad sobre la matanza conocida como Masacre de Napalpí, donde fueron asesinados en 1924 más de 400 de integrantes de pueblos qom y moqoit de lo que entonces era el territorio nacional del Chaco. La audiencia concretada en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, se enmarca en “la búsqueda de la verdad sobre lo acontecido» hace casi un siglo, definió la jueza Zunilda Niremperger –del Juzgado Federal 1 del Chaco–, quien lleva adelante este proceso cuyos antecedentes son los juicios por delitos de lesa humanidad promovidos desde el movimiento de derechos humanos.

“Por la memoria histórica del pueblo argentino y ante la posibilidad de que se haya cometido en Napalpí, tal como los elementos de prueba están demostrando, un crimen masivo sobre una comunidad, un crimen de masas”, enfatizó Zaffaroni, este proceso y su veredicto revisten “interés público” porque «se trata de delitos que no prescriben».

Zaffaroni fue el último en testimoniar por parte de la querella, representada por los abogados Duilio Ramírez por la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y Emanuel Núñez por el Instituto del Aborigen Chaqueño. El exjuez de la Corte Suprema subrayó el valor de este Juicio por la Verdad ya que “el proceso penal no persigue imponer una pena, sino conocer la verdad”. Se busca resolver “un conflicto que pervive”, sostuvo Zaffaroni en relación al “llamado problema indígena”, coincidiendo con las exposiciones académicas presentadas.

“Esta cicatriz no ha sido borrada, no es un conflicto del pasado y el Estado tiene una deuda y debe procurar su esclarecimiento”, sentenció. Lo ocurrido “perdura en la memoria de las familias afectadas”, detalló Zaffaroni. Y destacó que esto no solo remite a la matanza, sino a la marginación, el sometimiento y la discriminación. “Es importante conocer la verdad para la conciencia pública de la Argentina” cuyos estamentos oficiales buscaron con estos crímenes “invisibilizar pueblos enteros”. Para explicarlo detalló: “Cuando la oligarquía se liberó de nuestros libertadores, como San Martín o Simón Bolívar, se instalaron regímenes cuasi feudales para continuar con la tarea de destruir a nuestros originarios y terminar con nuestra riqueza étnica”. De ahí la importancia de este juicio “para el esclarecimiento de nuestro ser nacional”, afirmó el ex magistrado.

Fosas comunes

Con el testimonio de Zaffaroni –en modo virtual– concluyó la sexta audiencia, que había comenzado a las 9.30 con la presentación de la antropóloga Silvia Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Turner aportó datos de la investigación realizada en tres áreas del predio de 20 mil hectáreas que hoy lleva el nombre de Colonia Aborigen. Esas parcelas “son una mínima parte del terreno donde puede haber fosas comunes –advirtió Turner–, y fueron señaladas por testimonios orales de la comunidad». Así el EAAF “comenzó a excavar buscando recuperar restos humanos y conocer las causas de sus muertes”, indicó Turner.

El trabajo del EAAF se inició en coordinación con la fiscalía –a cargo del Ministerio Público Fiscal del Chaco y su Unidad de Derechos Humanos representada por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay— y el fallecido historiador qom Juan Chico. El proceso de excavación hasta el momento contempló también hallazgos accidentales de familias que residen en el predio y el rastreo de peritos en criminalística. Turner ofreció muestras fotográficas de restos óseos recuperados y, entre otros procedimientos forenses, explicó la metodología de búsqueda que realizan para intentar “completar” la anatomía humana a partir de los “fragmentos” recuperados.

La documentalista Valeria Mapelman, convocada por su trabajo sobre la masacre en Rincón Bomba (Formosa, 1947) contra el pueblo pilagá, aportó referencias del contexto que encuadra lo sucedido en Napalpí. Reveló las condiciones de sometimiento en las reducciones al explicitar que la matanza de Rincón Bomba fue “porque las familias pilagá se negaron a reducirse”. Detalló que el mismo administrador, Abel Cáceres, regenteaba Rincón Bomba, Las Casas y Napalpí, y que previo a la masacre en Formosa, las familias pilagá habían recibido “un trato humanitario”: “El día anterior les dieron comida y también caramelos”. Hubo un avión “cargado con una ametralladora” como parte del arsenal con que se diezmó a esa comunidad, en octubre de ese año, por medio de una persecución homicida que duró veinte días.

En la palabra de Mapelman se reflejaban actos sistematizados: los “caramelos arrojados desde el avión” en Napalpí. La utilización de “la amenaza indígena” para justificar las persecuciones y las muertes masivas. La “mano de obra barata”, sino esclava, en la que eran convertidos. Incluso los niños que, refiere Mapelman, eran forzados por ejemplo a combatir las plagas de langosta, con fuego. Las fotografías aportadas por la documentalista completaron la dimensión del horror “civilizatorio” en las reducciones. Y la evidencia de la práctica religiosa y política convocante para las familias, aprovechada por la institucionalidad para concretar este otro crimen masivo.

Para el historiador Mariano Nagy, el crimen sobre los pueblos originarios, enmarcado en este caso en Napalpí, refiere al gesto genocida que ya se ejecutaba en otros lugares del mundo. Matanzas, sometimiento, traslados o deportaciones, reducciones y el “evitar los nacimientos” confluyen en la identificación de “genocidio” que luego constatan los pactos internacionales. “El genocidio no termina con la acción criminal –aporta Nagy– ya que estos grupos quedan relegados a una marginalidad extrema y permanente”, y “son ubicados socialmente” para “invisibilizarlos”.

Extinción y dominio

La idea de “extinción” es otro tópico abordado por los académicos en esta audiencia. “Es una idea difusa” que ubica a los pueblos indígenas “en el pasado”, pero busca posicionarlos en el circuito económico como “servidumbre”, repasa Nagy.

Es la generación del ’80 y su proyecto de modernización lo que sostiene estos crímenes de lesa humanidad, define la antropóloga Diana LentonEl plan de dominio “avanza sobre los territorios y sobre los cuerpos” para transformarlos en “elemento rentable”: la “mano de obra indígena” evidencia la “trata de personas”. Lenton lo fundamenta con avisos en los diarios de la época que dan cuenta de la “entrega” de personas para el servicio de las familias aliadas al poder. El despojo de la identidad vinculado al despojo del idioma va a “minar la capacidad de resistencia”, explica.

La invisibilización introduce las variables de “ignorancia” y “olvido”. Lenton retoma datos del censo poblacional de 2001 donde sobre 600 mil personas que contestaron “pertenecer a un pueblo originario”, la mayoría declaró “no saber a cuál”. Aunque la primera mención –más de 100 mil personas– fue “al pueblo mapuche” afirma.

El antropólogo Hugo Trinchero expuso –también en modo virtual– los motivos por los cuales es necesario “dejar de hablar de una Argentina sin indios”. Estos pueblos “pierden sus derechos ciudadanos por el control violento” que ejecuta el Estado. Y al “acallar la palabra del otro” se oblitera la subjetividad indígena para incorporarlos a una “mitología de la razón” legitimada «en los pactos preexistentes con líderes indígenas» que fueron sistemáticamente desestimados en el transcurso de la historia.

Al finalizar los testimonios, la jueza anunció para el 19 de mayo la última audiencia, en la ciudad de Resistencia. Allí se darán cita para escuchar la sentencia, referentes indígenas y habitantes de Colonia Aborigen, muchos de los cuales estuvieron presentes en estas históricas jornadas en el Conti.