Mesa judicial: Rechazo al intento de entorpecer la investigación judicial

El fiscal Franco Picardi consideró como una «interferencia a a la independencia» de la tarea del Ministerio Público esos intentos por voltear la investigación sobre la mesa judicial del macrismo después de que un relevamiento hecho por una oficina que depende de la Corte Suprema diera cuenta de las manifestaciones públicas de referentes de Cambiemos en contra de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana Figueroa. Días atrás, el procurador interino Eduardo Casal recibió un pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la institución de la calle Montevideo que nuclea a estudios jurídicos de la City y del conservadurismo porteño, para sancionar a Picardi y frenar la investigación sobre la mesa judicial de Mauricio Macri. 

El Colegio de la calle Montevideo pedía suspender la investigación después de que el 23 de junio pasado Picardi le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –que depende de la Corte Suprema– que relevara redes sociales y medios de comunicación para ver si se comprobaba lo que denunciaban jueces y fiscales: que los funcionarios de Cambiemos los denostaban públicamente mientras buscaban forzar su renuncia o su destitución.

Casal le corrió traslado al fiscal para que él contestara. Picardi respondió, según pudo saber Página/12, que el pedido del Colegio de la calle Montevideo podría constituir una “interferencia cabal a la independencia de actuación funcional del Ministerio Público Fiscal, que mantiene protecciones constitucionales y convencionales específicas”.

Además, Picardi negó que el relevamiento que él ordenó pudiera afectar la libertad de expresión, como alegaban desde el macrismo, o que se tratara de un informe de inteligencia porque se le pidió a la oficina que depende de la Corte que revisara medios de comunicación y redes sociales. El fiscal explicó que, desde que se hizo cargo de la investigación, delimitó en cuatro oportunidades qué está investigando. Siempre dijo que investigaba las presiones sobre jueces y fiscales que incluyeron declaraciones peyorativas por parte de funcionarios cambiemitas –tanto en actos públicos, declaraciones o entrevistas– contra aquellos magistrados o magistradas que no estaban en sintonía con los intereses del macrismo.

La causa, de hecho, se inició después de que el relator especial de Naciones Unidas sobre Independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, presentara un informe, a finales del gobierno de Macri, en el que se hablaba de un plan sistemático de persecución a integrantes de la judicatura. En la causa, ya declararon doce magistrados o magistradas. Entre otros casos se investigan el de Gils Carbó, el excamarista Eduardo Freiler, el camarista Eduardo Farah y el juez federal Alejo Ramos Padilla. También se indaga en lo sucedido con los jueces laborales, a quien Macri los acusó de ser parte de la “mafia de la industria del juicio”.

Desde que se conoció el relevamiento de la DAJuDeCO se dieron un par de estrategias en simultáneo. Por un lado, Elisa Carrió –mencionada en el informe como una de las más activas a la hora de reclamar que encarcelaran a Gils Carbó– le pidió a la Corte Suprema que pusieran fin a lo que ella describió como una persecución. En otras palabras, quería que frenaran con el estudio para ver cuáles habían sido las declaraciones públicas sobre otros jueces y fiscales. 

Por otra parte, Carrió se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti para pedirle que corriera a Picardi de la investigación. El exministro de Justicia Germán Garavano, también imputado en la causa de la mesa judicial, le reclamó a Capuchetti que anulara el informe. El Colegio de la calle Montevideo –que jugó un rol clave para forzar la renuncia de Gils Carbó en línea con los intereses de Macri– se abocó, por su lado, en buscar hacer pie en la Procuración y en poner en apuros a Picardi.

En la causa están imputados y presentados con sus abogados Garavano, el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, el exministro de Trabajo Jorge Triaca, la diputada Graciela Ocaña y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el asesor estrella de Macri que está prófugo en Uruguay.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/386795-mesa-judicial-rechazo-al-intento-de-entorpecer-la-investigac

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